Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Les escribo acerca de un asunto alarmante que afecta el derecho fundamental de libertad de religión para todos los ciudadanos de cualquier religión. El gobierno federal ha dado un fuerte golpe a casi un cuarto de esta gente — la población católica — y a millones más que son ayudados por los fieles católicos.
El año pasado el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos emitió reglas que requieren que todos los planes de cuidado de salud cubran la esterilización y anticoncepción, incluyendo pastillas abortivas. Los únicos católicos que califican para la supuesta “exención por motivos religiosos” permitida bajo estas reglas serían sólo aquellos empleadores católicos que emplean principalmente a católicos, que sirven principalmente a católicos y que existen principalmente para inculcar valores religiosos. Todas estas condiciones tendrían que cumplirse para calificar para esta exención. Los hospitales católicos no calificarían, ni tampoco los negocios ordinarios con dueños católicos. Además, no hubo ninguna protección de conciencia para compañías de seguros o individuos con objeciones religiosas o morales para que fueran forzados a ayudar a pagar el costo de estos abortos y esterilizaciones. Este es un ataque directo a la religión y a nuestros derechos de la Primera Enmienda.
En dicha sentencia, nuestro gobierno ha hecho a un lado la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, al negar a los católicos de nuestra nación la primera y mayor libertad fundamental: libertad de religión. Y como resultado, al menos que esta regla sea revocada, nosotros los católicos nos veremos obligados a prepararnos ya sea para violar nuestra conciencia o para dejar de proveer cobertura de salud para nuestros empleados (y sufrir las penalidades por hacerlo). La única concesión de la Administración fue la de dar a nuestras instituciones un año para cumplir – lo que el Arzobispo Dolan de Nueva York describe correctamente como “un año para averiguar cómo violar nuestras conciencias”.
No podemos — no lo haremos — cumplir con esta ley injusta. Las personas de fe no pueden ser ciudadanos de segunda clase. Ya nos hemos unido con nuestros hermanos y hermanas de todas las religiones y muchos otros más con buena voluntad en este esfuerzo tan importante para recuperar nuestra libertad de religión. En generaciones pasadas, la Iglesia siempre ha confiado que los fieles defenderán y protegerán sus derechos y deberes sagrados. Espero y confío que la Iglesia contará con esta generación de católicos para que hagan lo mismo.
Y por lo tanto, les pido dos cosas. Primero, como comunidad de fe debemos comprometernos nosotros mismos a la oración y al ayuno para que la sabiduría y la justicia puedan prevalecer, y para que la libertad de religión pueda restaurarse. Sin Dios, no podemos hacer nada; con Dios nada es imposible. Segundo, también les recomendaría visitar el siguiente enlace: www.usccb.org/conscience para aprender más acerca de este severo asalto en contra de la libertad de religión y para saber cómo contactar al Congreso en apoyo de una legislación que revierta la decisión de la Administración.
Sinceramente en Cristo,
Anthony B. Taylor
Obispo de Little Rock
Bishop Taylor’s letter on HHS ruling en Español
