Empleada parroquial cuenta su historia

ROGERS — En noviembre, el Obispo Anthony B. Taylor publicó su primera carta pastoral dirigida a los católicos de la Diócesis de Little Rock titulada “Fui Forastero y Ustedes Me Recibieron: Carta Pastoral sobre los Derechos Humanos de los Inmigrantes” (I Was a Stranger and You Welcomed Me: A Pastoral Letter on the Human Rights of Immigrants).
Durante las siguientes semanas, los miembros del personal de la Iglesia de San Vicente de Paúl se reunieron para hablar y tratar a fondo la carta pastoral. Al final de una de las reuniones se les preguntó a los miembros del personal si tenían experiencias relacionadas con inmigración. Una mujer esbelta de cabello oscuro, Soledad Hernández, se puso de pie y contó su historia.
“Me arrestaron aquí en Rogers el 26 de junio de 2001 en el banco donde estaba trabajando porque mi número de seguro social era falso. Un oficial de inmigración y un detective privado vinieron al banco y me pidieron mis documentos, pero no tenía nada. El oficial me preguntó si sabía cuáles eran mis derechos y quería que firmara un documento de deportación voluntaria. Le dije ’No’ y él respondió, ’En tal caso va a necesitar un abogado’. También me dijo algunas cosas como, ’Va a estar encarcelada por varios años y después la deportarán’. Sonaba espantoso”.
Debido a que consideraban a Hernández como una persona con riesgo de darse a la fuga, los oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización de EE. UU. (hoy en día denominado El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) “no quisieron que pusiera fianza. Tengo cuatro hermanos en Chicago, una hermana en California y otro hermano en Arizona”.
Durante las próximas cinco semanas, Hernández permaneció en la Cárcel del Condado de Washington.
El relato de Hernández recalca las injusticias que imponen las normas de inmigración de EE. UU. para las familias. En octubre de 1986, el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración la cual permitió que algunos inmigrantes indocumentados legalizaran su categoría de inmigrante. Dividida en dos programas: Trabajadores Legalizados Autorizados y Trabajadores Especiales de la Agricultura, la ley concedió residencia permanente legal a casi tres millones de inmigrantes que calificaron y se inscribieron. El setenta por ciento de ellos provenían de México.
Fue a través de este programa que la hermana y los hermanos de Hernández en Estados Unidos pudieron ajustar su estatus y convertirse en residentes permanentes legales. Sin embargo, Hernández y su hermano, ambos en México, fueron excluidos.
En noviembre de 2001, Hernández se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. de usar una identificación falsa para obtener empleo, informó el Arkansas Democrat-Gazette.
Hernández luchó contra su deportación en los tribunales de Arkansas y Tennessee durante casi un año, antes de que la situación se resolviera. Sin embargo, la experiencia tuvo un grave efecto en ella y en su familia. Su matrimonio terminó en divorcio. Sus hijos — una hija de 13 años y un varón de 7 años –permanecieron bajo los cuidados de familiares.
Hernández indicó, “Fue durante ese período que me acerqué a Dios por medio de mi fe. Es durante situaciones difíciles que nos acordamos. Fue difícil pensar en cómo estaban mis hijos mientras estaba en la cárcel. Sentada en la cárcel pensaba, ’Espero tener otra oportunidad para respetarme’. Mi autoestima estaba tan baja”.
Fue durante ese año que Hernández, por temor a que fuera ser deportada, trabajó con sus hijos para aprender a leer y escribir en español “en caso de que tuviéramos que regresar a México”.
Cuando la gente se enteró sobre los problemas legales de Hernández, muchos acudieron donde ella con sus propias preguntas sobre inmigración. La carta pastoral del obispo en parte aborda la falta de información y la confusión de los católicos sobre las enseñanzas de inmigración y de derechos humanos de la Iglesia.
“En la carta del obispo, él piensa que muchos católicos no tienen información correcta sobre los derechos humanos y los derechos de inmigración. Y usted sabe, él está correcto”, señaló.
Ahora Hernández tiene una tarjeta de residente permanente legal y espera convertirse en ciudadana de EE. UU. Como ya ha cumplido con los cinco años de residencia, ahora está lista para solicitar y tomar el examen de ciudadanía.
Hernández mencionó, “Cuando leímos la carta del obispo y yo empecé a hablar en la reunión, fue bueno compartir con los miembros del personal y demostrarles mi agradecimiento durante los momentos difíciles a aquellos que me apoyaron. Ahora tenemos un obispo que nos va a dar una oportunidad”.
Después de que recibió el permiso de trabajo, comenzó a trabajar como voluntaria en la oficina de la Iglesia de San Vicente de Paúl. En junio de 2003 fue contratada como secretaria del ministerio en español. Hoy en día se desempeña como coordinadora auxiliar del ministerio de los niños para kindergarten a quinto grado.
“En diciembre de 2003, pude tener mi primera casita. Por primera vez tras 15 años de vivir en EE. UU. iba a tener mi propia casa para mí y mis hijos. Me sentía llena de alegría. Mis compañeros de trabajo me dieron un horno de microondas, un pino de Navidad y regalos para mis hijos. Mi hijo saltaba de alegría. Decía, ’¿De dónde vinieron todos estos regalos? ¿Todo esto es para mí?’ Su nombre estaba escrito en tantos regalos. Estábamos tan sorprendidos”, señaló Hernández.
Poco a poco Hernández ha atravesado por buenas experiencias: su libertad, su familia, su hogar. Sin embargo, no olvida que aquellos dos años fueron los más difíciles para ella.
“Con todo el papeleo de documentos, el divorcio, mi comunidad en la iglesia ha estado presente para mí ofreciéndome todo tipo de apoyo, ya sea económico o emocional”, recalcó. “Cuando pienso, ’De dónde vinieron todas esas bendiciones’, digo, ’Simplemente recíbelas, son de Dios’”.